Por Juan Pablo Ojeda
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, volvió a poner sobre la mesa la defensa de la CURP biométrica, asegurando que esta herramienta no solo moderniza el registro de identidad en el país, sino que también ayuda en la localización de personas desaparecidas. Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, donde encabezó la mañanera en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria insistió en que el nuevo documento busca dar certeza en los datos y fortalecer los procesos de búsqueda.
Rodríguez explicó que millones de personas ya han tramitado la nueva CURP y sostuvo que el sistema opera sin fallas. Además, destacó que el Gobierno de México obtuvo la certificación ISO 9000, un sello que, afirmó, garantiza calidad y seguridad en el manejo de información sensible. La certificación, dijo, confirma que el Estado está cumpliendo estándares internacionales en protección de datos.
En medio de la polémica, la titular de Segob también afirmó que las reformas en materia de personas desaparecidas avanzan “muy bien”, y adelantó que pronto habrá un informe detallado. Señaló que mantener el diálogo con colectivos y grupos de Madres Buscadoras es una prioridad, pues el gobierno trabaja en integrar sus peticiones en la reforma constitucional que se discute.
Sin embargo, mientras Segob presume avances, afuera el clima es muy distinto. Diversos colectivos de madres y familiares de personas desaparecidas han levantado la voz contra la CURP biométrica. Para ellas, esta medida no ayuda a encontrar a nadie, pero sí expone a miles de personas a una posible vigilancia estatal y a riesgos de filtración de datos sensibles.
Durante movilizaciones frente al Congreso, madres buscadoras mostraron mantas con los rostros de sus hijos y frases como “Espiar no es buscar”. Aseguran que el gobierno está priorizando un sistema de control, en vez de fortalecer a las comisiones de búsqueda, las fiscalías y los equipos forenses que realmente podrían acelerar la localización de víctimas.
Algunas madres señalaron que esta reforma incluso las pone en mayor peligro, pues muchas han recibido amenazas o agresiones por su labor incansable. “El Estado sabrá dónde estamos, cuándo buscamos, qué hacemos”, advirtió una de ellas, expresando un temor compartido: que la CURP biométrica termine vigilándolas a ellas, pero sin buscar a sus desaparecidos.
Con posiciones encontradas y un país que enfrenta más de 100 mil personas no localizadas, el debate promete seguir creciendo: entre la versión del gobierno que defiende certeza y modernidad, y la voz de quienes buscan a los suyos sin descanso, pidiendo acciones reales y no más papeles.
